El Gobierno de España ha decidido aplazar un año la obligatoriedad del sistema Verifactu, diseñado por Agencia Tributaria (AEAT) para digitalizar y verificar la facturación de pymes y autónomos. Esta medida se concreta mediante un real decreto ley aprobado este mismo martes en el Consejo de Ministros.
Originalmente, el calendario fijaba el arranque de Verifactu el 1 de enero de 2026 para empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades, y 1 de julio de 2026 para autónomos, pymes y profesionales liberales. Ahora, tras el aplazamiento, las nuevas fechas quedan en enero de 2027 para grandes empresas y sociedades, y julio de 2027 para el resto.
Según el Gobierno, la prórroga responde a la necesidad de dar “la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación” para asegurar una implantación ordenada y homogénea en todo el tejido empresarial. Además, detrás de la decisión hay un componente político: la medida se vincula a compromisos pendientes con el partido Junts, tras una petición del “empresariado catalán”, que habría solicitado más plazo para adaptarse.
Qué es Verifactu y por qué importa
Verifactu no es simplemente un programa más de facturación electrónica: es una normativa que obliga a que las facturas emitidas por empresas y profesionales utilicen exclusivamente software certificado, con el fin de garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los registros.
La idea es que Hacienda pueda acceder a los datos de facturación —en tiempo real o con poco retraso— y, de esa forma, ejercer un control más exhaustivo sobre las operaciones comerciales.
El objetivo de esta regulación es doble: por un lado, contribuir a reducir el fraude fiscal eliminando la posibilidad de facturas “en negro” o contabilización irregular; por otro, aportar mayor seguridad jurídica a quienes usan software certificado correctamente.
Aunque el reglamento técnico que sustenta Verifactu —el Real Decreto 1007/2023— entró en vigor en diciembre de 2023, y establecía plazos de adaptación, la obligación de uso efectivo se había fijado para 2026.
Estado actual: implantación mínima y resistencias
Según datos recientes, hasta mediados de noviembre de 2025, solo un 8 % de pymes y autónomos había implementado Verifactu. Aproximadamente un 15 % estaba en proceso de adaptación.
Esa baja tasa de adopción resultaba significativa —demasiado para un cambio normativo de esta magnitud—, lo que ha influido claramente en la decisión de posponer la obligatoriedad.
Ese dato revela varios problemas: muchas empresas y profesionales no estaban preparados o informados, la implementación de software compatible requería cambios operativos no triviales, y el calendario original no dejaba margen suficiente para adaptaciones tranquilas.
Esto ha generado un malestar real entre los autónomos, pymes y software proveedores, que denunciaban la “avalancha” de trámites y el poco tiempo disponible.
Reacciones: alivio para unos, incertidumbre para otros
La prórroga ha sido recibida con alivio por buena parte del tejido empresarial. Por ejemplo, el presidente de la asociación de autónomos ATA —que además es vicepresidente de la patronal CEOE— celebró la decisión en redes sociales: “Por fin llega el sentido común que reclamábamos. Un alivio ante la marea de cargas y trámites”.
La portavoz del Gobierno, por su parte, ha defendido que la moratoria contribuirá a “impulsar y promover la digitalización” de la facturación de una forma ordenada.
Desde otro punto de vista, críticos señalan que este tipo de retrasos generan incertidumbre regulatoria. Empresas que ya estaban en proceso de adaptación pueden sentirse penalizadas, y se diluye la presión para modernizar de forma urgente los sistemas de facturación. Algunos proveedores de software también advierten que los plazos más largos pueden desincentivar la inversión en soluciones compatibles.
Qué cambia y qué no con el retraso
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El retraso no modifica los requisitos técnicos del reglamento: cuando llegue el momento, las facturas deberán seguir emitiéndose mediante software certificado, con los criterios de trazabilidad, integridad y autenticidad.
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Tampoco cambia la exigencia para los proveedores de software de facturación: sus productos deben ser certificados si quieren operar conforme a la normativa.
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No hay cambios en la fiscalidad per se: las obligaciones de IVA, retenciones u otros impuestos se mantienen igual. Lo que cambia es la forma de documentar y reportar la facturación.
En palabras de quienes defienden Verifactu, su finalidad es ayudar a “reducir la morosidad, acelerar los cobros y profesionalizar la gestión del negocio”.